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4 DE AGOSTO DE 2026•POR EL ACONTECER DE CÓRDOBA

Prefectura Naval intimó a más de 500 trabajadores a levantar el paro

Prefectura intimó a 536 prácticos a retomar sus tareas y advirtió que aplicará sanciones por falta grave.

Prefectura intimó a 536 prácticos a retomar sus tareas y advirtió que aplicará sanciones por falta grave. El conflicto afecta el comercio exterior, con más de 140 buques detenidos y demoras en el transporte de granos, combustibles y otros productos

El conflicto en las vías navegables argentinas sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno nacional intimara a 536 profesionales del practicaje y pilotaje para que retomen sus funciones de manera inmediata, tras el paro por tiempo indeterminado que afecta a los principales puertos del país.

La decisión se oficializó mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, a partir de la medida de fuerza impulsada por los trabajadores en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen que regula el servicio.

La protesta comenzó a tener un fuerte impacto en el comercio exterior argentino. Según distintas entidades del sector, más de 140 embarcaciones permanecen detenidas a la espera de prácticos para realizar maniobras de ingreso y salida de puertos, lo que afecta el transporte de granos, combustibles y otras cargas energéticas.

Los prácticos y baqueanos son esenciales a la hora de guiar los barcos en su ingreso y egreso de los puertos y tramos complejos como canales o ríos, ya que asisten a los buques en la navegación segura de estos tramos.

En Argentina, su trabajo es particularmente relevante en el tránsito del río Paraná y el Río de la Plata, por donde salen la mayor parte de las exportaciones del país al mundo, en especial las vinculadas al agro.

¿Por qué se inició el paro de practicaje y pilotaje?

La medida de fuerza fue convocada por los profesionales encargados de asistir a los buques durante las maniobras de navegación en ríos, canales y puertos. El reclamo apunta directamente contra el Decreto 690/2026.

Los trabajadores exigen la suspensión o derogación de la normativa, al considerar que modifica de manera significativa las condiciones en las que se presta el servicio.

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