La Cámara de Diputados tiene su miércoles de «super acción» con el despliegue de una cargada agenda que pondrá en juego la pelea entre el oficialismo y oposición en torno a temas sobre los que no hay acuerdo. El primer tema en debate es el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que comenzó a las 11 en una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia.
El proyecto del oficialismo tiene media sanción del Senado pero en Diputados enfrenta un escenario más complejo. En principio, no tiene los votos suficientes para aprobarlo en el recinto, al margen de si le alcanzaría previamente para la firma del dictamen del mayoría. La única opción viable que le quedaría al Frente de Todos es adherir al dictamen de Graciela Camaño, y cuando el proyecto vuelva con cambios al Senado, ratificar allí la media sanción original.
Por lo pronto, si el dictamen oficialista no recibiera cambios, sólo contaría con la ayuda de los dos diputados de Juntos Somos Río Negro, a juzgar por la adhesión en el Senado del legislador del mismo partido provincial Alberto Weretilneck.
El proyecto oficialista propone una composición del cuerpo con 17 integrantes, con paridad de género y excluye a miembros de la Corte Suprema. Se prevé además la creación de cuatro regiones federales (AMBA, Norte, Centro y Sur), y cada una de ellas tendrá un representante abogado y otro representante juez en el Consejo de la Magistratura. El resto de los miembros provendrían del Congreso (6 integrantes), del ámbito académico/universitario (dos representantes) y uno designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde Juntos por el Cambio no acompañarán el proyecto oficialista, ya que excluye a la Corte Suprema de la presidencia del órgano, e irán con un dictamen de minoría.
A las 13 se reunió un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda con una agenda intensa, que incluyó en primer lugar el debate en torno al proyecto que crea el «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
La iniciativa apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%. Para alcanzar el número mágico de 129 votos, el oficialismo deberá sumar 11 votos adicionales en el caso de que la totalidad de sus representantes en la Cámara baja estén presentes en la sesión y voten alineados. La cuenta no parece fácil.
En la misma reunión se debatirá el proyecto de ley de Alquileres, donde la oposición unida iría con un dictamen unificado y en esos términos podría propinarle al oficialismo un nuevo revés después de lo que fue la media sanción del proyecto de Boleta Única de Papel.
El dictamen de mayoría oficialista propone seguir con los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC). También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.
A las 16, la comisión de Transportes retomará el debate en torno al problema de la inequitativa distribución de subsidios al sistema de transporte público que perjudica a las provincias. En ese contexto se tratará un proyecto de emergencia del transporte público en el Interior del país.
La agenda del día cerrará a las 17:00 con la reunión informativa de la comisión de Agricultura y Ganadería, donde está invitado para exponer sobre la situación del campo el ministro del área, Julián Domínguez.
Fuente: NA.
