El Gobierno extendió hasta 2028 la emergencia ferroviaria
Transporte resolvió la prórroga por 24 meses de la emergencia para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, a los fines de sostener el plan de...
Transporte resolvió la prórroga por 24 meses de la emergencia para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, a los fines de sostener el plan de obras iniciado en 2024 y profundizar las mejoras en seguridad operativa, infraestructura y material rodante
El Gobierno extendió por otros dos años, hasta junio de 2028, la emergencia pública ferroviaria. Lo hizo a los fines de acelerar las obras de mantenimiento y recuperación de la red de trenes de pasajeros, como los del AMBA, y de cargas de jurisdicción nacional antes de privatizarlos.
La oficialización de la medida se hizo este viernes mediante la resolución 12 de la Secretaría de Transporte con la firma del titular del área Fernando Herrman.
"La extensión de la emergencia permitirá mantener herramientas excepcionales de gestión, continuando con la reorganización del sistema ferroviario orientada a su eficientización y futura privatización, conforme a los lineamientos definidos por el Gobierno", plantearon desde la Secretaría de Transporte.
La emergencia, que se declaró originalmente en junio de 2024 mediante el Decreto 525/2024 con vigencia de dos años, se prorroga antes de su vencimiento para asegurar la continuidad de las obras, inversiones y acciones previstas en los programas de recuperación. El marco normativo permite esta ampliación una sola vez por un periodo idéntico al inicial.
Según detallaron desde Transporte, la decisión responde a la persistencia de condiciones estructurales críticas que motivaron la declaración inicial de la emergencia, entre ellas el deterioro de la infraestructura, material rodante y sostenibilidad presupuestaria del sistema ferroviario, aspectos que afectan los niveles de servicio por debajo de los estándares deseados.
La resolución oficial destaca que la prórroga es "una medida oportuna y razonable" para resguardar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la continuidad institucional, elementos considerados indispensables para alcanzar los objetivos planteados al momento de la declaración inicial de la emergencia.
