Diputados debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El proyecto del Gobierno establece, entre otros puntos, que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años

La Cámara de Diputados se prepara para debatir este martes en comisión un proyecto de alta sensibilidad política: la reforma de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Impulsada por el oficialismo, la iniciativa ya generó un fuerte contrapunto entre bloques legislativos y organismos de derechos humanos.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó al plenario para las 16:00 horas, con el objetivo de emitir dictamen antes de fin de mes. De lograrlo, el oficialismo intentará llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas.

Participarán de la discusión las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Rodríguez Machado, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

Qué dice el proyecto de reforma penal juvenil

Aunque el Gobierno había planteado en su momento una baja a los 13 años para delitos graves, el consenso político actual fija la imputabilidad a partir de los 14 años. Esta propuesta es apoyada, incluso, por referentes de la oposición como el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP).

El texto contempla un régimen penal específico para menores, que excluye la posibilidad de imponer prisión perpetua y establece un tope máximo de 20 años de condena, incluso en casos de múltiples delitos.

Además, incorpora mecanismos de resocialización como programas educativos, deportivos, de formación ciudadana, tratamientos médicos y la figura del "supervisor", encargado de acompañar al joven en su reinserción social.

Alternativas al encierro y sanciones para delitos menores

Una de las claves del proyecto es que prevé alternativas al encarcelamiento tradicional. Entre ellas, la posibilidad de cumplir parte de la condena en el domicilio, la utilización de institutos abiertos y centros especializados para menores.

Para delitos menores, el régimen establece un abanico de sanciones no privativas de la libertad, como la prestación de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico y comunitario, la prohibición de acercarse a la víctima y la reparación del daño causado.

También se prevé una revisión de la pena una vez cumplidos los dos tercios de la condena, con posibilidad de acceder a morigeraciones.