Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares: cuáles son los cambios
La reforma se aprobó con 137 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones
La reforma se aprobó con 137 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones
El Congreso aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una norma que introduce cambios profundos en el esquema de protección ambiental en la Argentina. La iniciativa redefine qué zonas quedarán bajo resguardo y cuáles podrán habilitarse para actividades económicas, especialmente en regiones con fuerte potencial minero.
El proyecto fue impulsado por el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores de provincias cordilleranas, que buscan atraer inversiones a través de un marco regulatorio más flexible. De este modo, el debate quedó atravesado por el equilibrio entre desarrollo económico y preservación de los recursos naturales.
Principales cambios de la nueva ley
Uno de los puntos sustanciales de la reforma es la modificación del criterio de protección. Desde ahora, solo quedarán bajo resguardo estricto los glaciares y zonas periglaciares que cumplan con una "función hídrica comprobada o relevante". Esto excluye a otras áreas que antes estaban protegidas de forma automática.
Además, la normativa otorga mayor poder a las provincias, que serán las encargadas de definir qué zonas proteger y cuáles pueden destinarse a actividades productivas. Este cambio reduce la intervención del Estado nacional y habilita criterios diferenciados según cada jurisdicción.
Otro aspecto clave es el nuevo tratamiento del ambiente periglacial. La ley permite que estas zonas puedan utilizarse para exploración o explotación si no se demuestra su importancia hídrica. Esto impacta directamente en áreas con interés para la actividad minera.
También se elimina la prohibición general de actividades extractivas en esas regiones. En su lugar, se establece un sistema de evaluación de impacto ambiental caso por caso, lo que abre la posibilidad de aprobar proyectos que antes estaban directamente varados.
Mientras el oficialismo sostiene que la ley ordena el marco normativo, fortalece el federalismo y promueve inversiones, sectores científicos y organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos que implica reducir la protección de reservas estratégicas de agua dulce en la Argentina.
