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31 DE AGOSTO DE 2026•POR EL ACONTECER DE CÓRDOBA

Comenzaron a tratar un proyecto para establecer la "Ley Fede" sobre autismo en Córdoba

La iniciativa impulsada por las legisladoras Nancy Almada, Inés Contreras y el bloque Frente Cívico, busca garantizar derechos de las personas con autismo y promover políticas...

La iniciativa impulsada por las legisladoras Nancy Almada, Inés Contreras y el bloque Frente Cívico, busca garantizar derechos de las personas con autismo y promover políticas públicas inclusivas, accesibles y respetuosas de la diversidad neurocognitiva

El debate de la Ley Fede toma fuerza en Córdoba, impulsado por la legisladora Nancy Almada tras la conmovedora historia de su sobrino Federico, quien falleció el pasado 5 de agosto en una residencia luego de estar maniatado. Este hecho generó conciencia sobre la vulnerabilidad de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Almada explicó que la ley tiene como objetivo hacer obligatoria la capacitación de funcionarios del Estado en la atención de individuos con TEA. "El proyecto ya es formal y tiene especificidades en cuanto a impedir la exclusión y la discriminación", destacó.

"Federico tenía autismo severo. Presenté este proyecto ante el miedo de que una desregulación pueda causar desgracias. La ignorancia juega un papel importante, no es maldad, es simplemente no saber qué hacer", afirmó Almada.

La iniciativa busca sumar aportes de diversos sectores de la comunidad para dotar a la provincia de un texto normativo de alcance universal.

El proyecto apunta a resguardar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con autismo y promover políticas públicas alineadas con la diversidad neurocognitiva. El TEA es una condición del neurodesarrollo que impacta en la comunicación, la interacción social, la conducta y el procesamiento sensorial, manifestándose de maneras múltiples y requiriendo un enfoque interdisciplinario, personalizado y libre de estigmas o prácticas discriminatorias.

El ámbito de aplicación de cumplimiento obligatorio es para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; fuerzas de seguridad, servicios de salud, justicia, educación, administración pública y áreas sociales; establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles y modalidades; organismos descentralizados y entes autárquicos del Estado; y empresas y entidades privadas con atención al público.

La iniciativa continuará en análisis en distintas comisiones, con la premisa de seguir sumando experiencias de familiares de personas autistas y profesionales especializados en la temática.

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